sábado, 3 de novembro de 2012

La reforma de la política migratoria en Cuba




Por Salim Lamrani*

Opera Mundi/Foto Virgilio Ponce -Martianos-Hermes-Cubainformación




Con la reforma de la política migratoria en Cuba, los habitantes de la isla ya no necesitarán un permiso de las autoridades para viajar al exterior. Del mismo modo, los cubanos podrán quedarse 24 meses consecutivos fuera del territorio nacional e incluso prolongar su estancia.

A partir del 14 de enero de 2013, una nueva política migratoria entrará en vigor en Cuba. Esperada desde hace mucho tiempo, esta reforma, que responde a una aspiración de la población, facilitará los viajes al exterior a los cubanos. Éstos ya no necesitarán la famosa “Tarjeta Blanca”, permiso de salida que otorgan las autoridades, de un costo de 150 dólares. Del mismo modo, ya no hará falta conseguir una “carta de invitación” (200 dólares) por parte de un extranjero para dejar el país.[1]

En adelante, para viajar al exterior, los cubanos sólo necesitarán un pasaporte (válido 6 años) al precio de 100 pesos cubanos (4€), una visa del país de acogida y los recursos financieros para descubrir el mundo durante dos años, sin otra formalidad, en vez de 11 meses. Más allá de este plazo de 24 meses, las personas que deseen alargar su estancia fuera del territorio nacional, podrán hacerlo con un permiso del consulado local. También podrán regresar a Cuba y volver a salir durante una estancia similar renovable indefinidamente.[2]

Una política migratoria históricamente vinculada a la política exterior de Estados Unidos

Contrariamente a una idea preconcebida, no fue el gobierno revolucionario el que instauró el permiso de salida del territorio en 1959. En efecto, como recuerda Max Lesnik, director de Radio Miami, se remonta a 1954 y lo elaboró el régimen militar de Fulgencio Batista. Esta disposición se mantuvo tras la llegada al poder de Fidel Castro para limitar, entre otros, la fuga de cerebros.[3]

En efecto, tras el triunfo de la Revolución, Estados Unidos utilizó el fenómeno migratorio como herramienta para desestabilizar Cuba, acogiendo en un primer tiempo a los criminales y dignitarios corruptos del antiguo régimen, pero también favoreciendo la fuga de cerebros. Así, en 1959, Cuba tenía 6.286 médicos. De ellos, 3.000 eligieron abandonar el país para ir a Estados Unidos atraídos por las oportunidades profesionales que les ofrecía Washington. En nombre de la guerra política e ideológica que la oponían al nuevo gobierno de Fidel Castro, la administración Eisenhower decidió vaciar a la nación de su capital humano, hasta crear una grave crisis sanitaria.[4]

Al respecto, el personal altamente cualificado candidato a la emigración tendrá que obtener una autorización de las autoridades migratorias. El Decreto-ley 302 prevé este tipo de restricciones para “preservar la fuerza de trabajo cualificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial”.[5]

Ello concierne particularmente a los médicos. En efecto, desde 2006, el Programa Médico Cubano (CMPP), que estableció la administración Bush y que mantiene Barack Obama, se destina a incitar a los médicos cubanos en misión al exterior a abandonar su puesto, ofreciéndoles la perspectiva de ejercer su profesión en Estados Unidos, privando a la nación cubana de un valioso capital humano.[6] Hasta hoy, varios centenares de médicos cubanos, instalados en Venezuela, se dejaron seducir por la oferta.[7]

Esta política forma parte de la guerra económica que Estados Unidos lleva contra Cuba desde 1960, con la imposición de sanciones sumamente severas – a la vez retroactivas y extraterritoriales, o sea contrarias al derecho internacional – que afectan a todas las categorías de la sociedad cubana, particularmente a las más vulnerables, a saber los niños, las mujeres y los ancianos. En efecto, los servicios médicos que realizan los doctores cubanos fuera de las fronteras nacionales constituyen la primera fuente de ingresos de la nación, antes que el turismo, las remesas que manda la comunidad cubana radicada en el exterior o el níquel.[8]

Del lado de Estados Unidos, el Departamento de Estado no dejó de criticar las restricciones impuestas, entre otras, a los profesionales de la salud, para contrarrestar la política estadounidense destinada a privar a Cuba de sus mejores elementos, en nombre del conflicto que opone a las dos naciones desde hace más de medio siglo. Victorial Nuland, portavoz de la diplomacia estadounidense, reaccionó al respecto: “Debemos señalar que el gobierno cubano no ha levantado las medidas actualmente en vigor para preservar lo que califica de ‘capital humano' creado por la Revolución”, recordó.[9]

Del mismo modo, Nuland declaró que la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba no cambiaría y que se mantendría la ley de Ajuste Cubano, pero pidió que los cubanos “no arriesgaran su vida” cruzando ilegalmente el estrecho de la Florida.[10] No obstante, Nuland no escapa a la contradicción. En efecto, según esta legislación, única en el mundo, que el Congreso estadounidense adoptó el 2 de noviembre de 1966, todo cubano que entre legal o ilegalmente en Estados Unidos, pacífica o violentamente, el 1 de enero de 1959 o después, consigue automáticamente al cabo de un año el estatus de residente permanente y diversas ayudas sociales.[11]

Esta ley, que denuncia La Habana, constituye una formidable herramienta de incitación a la emigración de los cubanos y priva a la nación de una parte de su población activa y cualificada. Al mismo tiempo obliga a los cubanos a arriesgar su vida cruzando ilegalmente el estrecho de Florida. En efecto, en vez de otorgar una visa a todo candidato a la emigración, lo que respondería plenamente a la filosofía de la ley de Ajuste Cubano, Estados Unidos limita su número a 20.000 por año, conforme a los acuerdos firmados con La Habana en 1994.[12] Al mismo tiempo, Washington se niega a abrogar la ley de Ajuste Cubano que permite a los cubanos instalarse definitivamente en Estados Unidos sin necesidad de visa.

Una nueva era para los cubanos

La reforma de la política migratoria ofrece a los cubanos una mayor libertad para viajar al exterior, aunque entre 2000 y el 31 de agosto de 2012, de un total de 941.953 peticiones de permiso de salida del territorio, el 99,4% quedó satisfecho. Sólo el 0,6% de las personas no pudieron conseguir dicha autorización. Del mismo modo, no existe una propensión particular de los cubanos a emigrar. En efecto, la inmensa mayoría de los cubanos que viajan al exterior eligen regresar al país. Así, de las 941.953 personas que salieron del territorio nacional, sólo el 12,8% escogió establecerse en el exterior, contra el 87,2% que regresó a Cuba. [13]

Por otra parte, también será más fácil para los cubanos regresar a su país de origen. En efecto, se suprimirá el permiso de entrada, que se adoptó en 1961 por razones de seguridad nacional, en una época en la que los exilados cubanos bajo control de la CIA multiplicaban los actos de terrorismo y de sabotaje en la isla, y cuando la inmensa mayoría de los candidatos al viaje estaban motivados por razones políticas.[14]

Hoy día, la mayoría de los cubanos que viven en el exterior no son exilados hostiles sino emigrados llamados económicos, que aspiran a relaciones normales y apaciguadas con su país de origen. Éstos también podrán regresar a la isla cuantas veces quieran, como era el caso, pero ahorrándose trámites burocráticos obsoletos.

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