Inmigrantes en España consideran discriminatoria propuesta para obtener residencia

  España es un país de emigración, por lo que la producción legislativa

  se ha centrado en este ámbito. (Foto: Archivo)

 

La propuesta del Gobierno de España de otorgar residencia a los extranjeros que compren apartamentos por más de 160 mil euros es una medida que vulnera los derechos de los inmigrantes. Ésta sólo está destinada a "cierto tipo de inmigrantes", señala la Ferine.

La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (Ferine) calificó este lunes como discriminatoria la propuesta del Gobierno de España de otorgar la residencia a los extranjeros que compren apartamentos por importe superior a 160 mil euros (unos 204 mil dólares). Consideró que se trata de una "medida desesperada" ante la crisis económica que afecta a la nación.

La propuesta supone "condicionar un derecho, como disfrutar de una vivienda digna y adecuada, al dinero (...) También supone especular con ese derecho", manifestó el presidente de Ferine, Victor Sáez.

Se trata de una “medida desesperada” y “supone una vulneración de derechos”, agregó, Sáez.

La propuesta está destinada a "captar a cierto tipo de inmigrante", pero "no a la mayoría", dijo por su parte, el presidente de la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel.

La medida "va dirigida sólo a un tipo de clase media alta de inmigrante y se deja a un lado a miles de inmigrantes que han estado trabajando silenciosamente en la construcción o en el campo" y que han ayudado a que España crezca económicamente.

Los inmigrantes que no recibirían el beneficio son los que "se encuentran sin trabajo y con el piso desahuciado", indicó Paspuel.

El pasado 14 de noviembre, el ministro de Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, adelantó en el Congreso de los Diputados que el Gobierno estaba acelerando los permisos de residencia para extranjeros que adquieran propiedades inmobiliarias en España.

Según el Ejecutivo español, la iniciativa estaría especialmente enfocada al mercado ruso y chino y el cambio normativo se podría poner en marcha en “algunas semanas”.

A finales de 2011, se acumularon en España unas 800 mil viviendas de nueva construcción sin vender, una de las consecuencias más visibles del estallido de la burbuja inmobiliaria a raíz de la crisis económica, según datos difundidos por la unidad inmobiliaria de Catalunya Caixa.

España ha sido un país de emigración, por lo que la producción legislativa se ha centrado en este ámbito. En 2009, el Gobierno español realizó la cuarta reforma de la ley de Extranjería.

Ese proyecto de ley ha recibido más de 500 enmiendas y mantiene la ampliación del plazo de detención de inmigrantes indocumentados de 40 a 60 días en el polémico Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), una especie de cárcel a donde son remitidos los inmigrantes detenidos por la policía española que practica redadas en los centros de llamadas, entradas y salidas de los metros y diversos sitios con alta concurrencia de inmigrantes.

Redadas y detenciones han sido cuestionadas por las ONG y expertos en Extranjería que no dejan de repetir que no tener documentos españoles es sólo una falta administrativa que no debe ser penada con el encierro en los CIE, un sitio donde "hay menos garantías que en las propias cárceles, como ha indicado la organización Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Izquierda Unida de España (IU).

teleSUR-EFE/kg - FC

Tomado de teleSUR