Amnistía Internacional
Hace menos de una semana, seis turistas españolas fueron violadas mientras se encontraban de vacaciones en Acapulco, un enclave turístico del estado de Guerrero, al sur de México.
La prensa internacional se hizo eco rápidamente de la agresión y al principio parecía que las autoridades locales ponían su empeño en quitarle importancia a la noticia y mostraban más interés en proteger la imagen de Acapulco como destino turístico.
Sin embargo, a medida que la indignación de la opinión pública crecía, y presionadas por las autoridades españolas, México prometió llevar a cabo una investigación completa.
Para quienes hacemos un seguimiento de lo que sucede en esta parte del mundo, la noticia de este terrible delito apenas nos sorprendió.
Y es que a lo largo y ancho de México miles de mujeres y niñas sufren cada año violencia sexual.
Según información presentada en 2012 por Amnistía Internacional ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, más de 14.000 mujeres son víctimas de violación cada año en México.
Las cifras, basadas en datos recogidos en 2009, muestran asimismo que ese año se produjeron únicamente 2.795 condenas. Estudios nacionales señalan también que sólo una quinta parte de las mujeres denuncian la violación debido a que no confían en el sistema de justicia y tienen miedo –es probable que la magnitud real de la violencia sexual sea mucho mayor–.
Por otro lado, la información oficial sobre niveles de violación y enjuiciamiento es extremadamente escasa.
El único elemento que tienen en común la mayor parte de estas historias tan tremendas es que los autores casi nunca responden ante la justicia.
Si se les pregunta, las autoridades mexicanas harán referencia probablemente a las diversas medidas de importancia que han adoptado para proteger a las mujeres frente a la violencia, entre ellas la aprobación de una ley, de ámbito federal y estatal, "de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”.
No obstante, pese a algunos avances positivos, la violencia de género sigue siendo generalizada en México. Tanto las autoridades federales como estatales han fracasado sistemáticamente a la hora de garantizar la aplicación efectiva de muchos aspectos de la nueva legislación, lo que ha permitido que la impunidad subsista.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas del estado de Guerrero, conocen de primera mano lo que es la ausencia de justicia.
Las dos fueron violadas por miembros de las fuerzas armadas en 2002 y, tras muchos años de silencio durante los cuales su caso acabó perdido en el entramado de la justicia militar, finalmente ganaron el derecho a que su causa fuera transferida a la jurisdicción civil.
Esto significa que tanto Inés como Valentina tienen más posibilidades de que se imparta justicia –aunque el hecho cierto es que no es infrecuente que el sistema de justicia civil no llame a los autores a rendir cuentas–.
En el norte de México, cientos de mujeres han sido asesinadas o simplemente han desaparecido desde 1993.
El pasado mes de enero, familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, una ciudad próxima a la frontera estadounidense, celebraron una marcha para exigir a las autoridades que investiguen adecuadamente los delitos y lleven a los responsables ante la justicia.
Las organizaciones de mujeres de otros estados, como Nuevo León, Oaxaca y México, han señalado pautas similares de violencia de género –que las autoridades no combaten con eficacia–.
La justicia es crucial cuando se trata de abordar la violencia contra las mujeres y acabar con ella. Si quien viola a una mujer no recibe ningún castigo, el mensaje que se está transmitiendo es que tales abusos son aceptables –es una firme invitación a que otros cometan ese mismo delito–.
Tampoco pueden utilizarse los elevados índices de violencia delictiva general que registra México como excusa para pasar por alto y restar importancia a lo que les está sucediendo a las mujeres en todo el país. Las autoridades federales y estatales simplemente no han elaborado ni aplicado medidas para abordar e impedir estos delitos.
Ya es hora de que el gobierno haga caso a las demandas de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y de otros actores que trabajan en esta materia que piden dejar de hablar sobre cómo evitar la violencia contra las mujeres y empezar a actuar.
Necesitamos medidas concretas y efectivas que mejoren la investigación y logren que se incremente la cifra de procesamientos y condenas.
Además, las autoridades mexicanas tienen una deuda con las mujeres: realizar un esfuerzo continuado destinado a poner fin a la violencia y apoyar a las supervivientes de abusos sexuales.
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