Por Deisy Francis Mexidor *
La Habana (PL) Gerardo Hernández, uno de los cinco antiterroristas cubanos detenidos desde 1998 en Estados Unidos, defendió su inocencia en una carta escrita hace años y dirigida simbólicamente a los hijos que aún no tiene.
Estados Unidos responsabilizó -sin pruebas- a Hernández de este hecho, por el cual fue sentenciado en diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas más 15 años.
Una de las dos sentencias de por vida se la impuso la jueza Joan Lenard por conspiración para cometer asesinato, referida a su presunta implicación en el derribo de las avionetas.
Sin embargo, la evidencia es abrumadora en relación con el hecho de que Hernández no tuvo nada que ver con ese incidente y que la intención de Cuba de encarar los sobrevuelos ilegales a su territorio era consistente con el derecho internacional.
En su misiva, el antiterrorista cubano advirtió a sus "queridos hijos" que cuando leyeran "estas líneas habrán pasado algunos años desde que fueron escritas (...) Todo se debe a que estoy viviendo momentos difíciles de mi vida, lejos de mi país y mi familia".
Ciertamente, el caso de los Cinco, como son conocidos a nivel internacional Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González (en libertad supervisada), ha despertado la sensibilidad de infinidad de personas en el mundo.
Ellos fueron arrestados mientras monitoreaban los planes de grupos violentos que desde la ciudad de Miami organizan, financian y ejecutan acciones que han causado al pueblo cubano alrededor de tres mil 400 víctimas en los últimos 50 años.
Un tribunal los condenó y sentenció durante un proceso judicial plagado de irregularidades, pero la situación de Gerardo Hernández es la más grave y la que, a su vez, mueve el mayor repudio, según han expresado políticos, parlamentarios y activistas.
IMÁGENES DE LA DISCORDIA
El 14 de junio de 2010 fue presentada en la Corte Federal de Miami la apelación colateral (también conocida como Habeas Corpus) a nombre de Hernández. Este ha sido el último recurso legal para él dentro del sistema de justicia de Estados Unidos.
La presentación en su conjunto cuestionó todos los aspectos de la sentencia, y en especial se concentró en dos aspectos: conspiración para cometer asesinato, que carece de cualquier base de hecho, y por la propaganda hostil, financiada por el gobierno de Washington a periodistas de Miami.
Posterior al juicio se reveló que la Casa Blanca pagó a reporteros radicados en esa ciudad del sur del estado de Florida para que desplegaran una amplia cobertura al juicio y escribieran en los medios locales de prensa, tanto escrita, radial como televisiva, sobre la presunta culpabilidad de los Cinco.
El objetivo era promover el miedo y el prejuicio existente contra Cuba en la comunidad de Miami; además, algunos periodistas acosaron a miembros del jurado.
Igualmente, se incluyeron las violaciones cometidas por el gobierno con la manipulación de las evidencias, su falsificación y en no pocos casos su ocultamiento para obstruir la justicia y otros aspectos de carácter técnico en el ejercicio de la defensa.
El 25 de abril de 2011 el gobierno solicitó a la Corte que fuera rechazada la solicitud de Habeas Corpus de Hernández y que se le negase una audiencia para analizar sus argumentos y las supuestas pruebas presentadas contra él.
Y hoy la representación legal del procesado, así como grupos de derechos humanos y personalidades continúan pidiendo que sean reveladas las imágenes guardadas celosamente por el gobierno de Estados Unidos acerca del incidente con las avionetas de Hermanos al Rescate, en las cuales se presume está la clave de este caso.
Entre las más recientes peticiones a Washington a favor de Gerardo Hernández está la del Centro por los Derechos Humanos y Constitucionales de Los Ángeles.
El Centro interpuso una demanda federal en 2010 bajo el Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) contra la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Con ello se busca el acceso a evidencias de lo que la Casa Blanca sabía acerca de la posibilidad de una confrontación entre Cuba y los aviones del grupo terrorista, que sistemáticamente violaban el espacio aéreo de la nación caribeña.
La sanción impuesta a Hernández debe ser reconsiderada por las autoridades para reducir su sentencia y permitir que sea liberado, afirmó el abogado Peter Schey, director del Centro por los Derechos Humanos.
Se busca lograr mayor transparencia por parte del gobierno y eventualmente obtener una decisión jurídica o política para reconsiderar la sentencia, afirmó Schey, letrado principal en el caso de FOIA.
"Es muy posible que el gobierno de Estados Unidos posea más información de la que estuvo disponible para Gerardo sobre la planeada confrontación", señaló Schey.
Si la Casa Blanca tenía más información "que Gerardo sobre el derribo antes de que se llevara a cabo, esto mostraría claramente que su condena de cadena perpetua es extremadamente injusta", acotó.
Mientras que Gerardo Hernández cumple su pena en prisión, las autoridades estadounidenses que estaban en posición de evitar el derribo, no han compartido ninguna responsabilidad por este hecho, consideró el abogado en una entrevista concedida a inicios de febrero al Comité Internacional.
Para el jurista, detalles técnicos de la ley de Estados Unidos y un jurado prejuiciado permitieron que Hernández fuera declarado culpable de conspiración para cometer asesinato.
Pero independientemente de eso, el caso pone de manifiesto que la cadena perpetua es excesivamente exagerada, dijo y sugirió que la condena sea reconsiderada "por cualquier autoridad de Estados Unidos con posibilidad de reducir la sentencia y permitir que Gerardo sea liberado".
El Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta hace poco revocó la decisión de la Corte de Distrito en el caso titulado Centro por los Derechos Humanos y Constitucionales vs. Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, una demanda iniciada por el fallecido abogado Leonard Weinglass.
En una decisión unánime emitida el pasado 23 de enero por un panel de tres jueces, la corte decidió que el tribunal federal erró en el otorgamiento de juicio sumario sin requerir que la NGA "presentara una declaración clasificada para una revisión en cámara".
El Noveno Circuito concluyó que el caso debe regresar a la Corte de Distrito donde se ordenó que la NGA debe proporcionar una declaración más pormenorizada para una revisión en ese nivel.
Según Schey, el presidente estadounidense, Barack Obama, y su equipo de política exterior deben "entender que la cadena perpetua de Gerardo es de gran preocupación para el pueblo cubano que lo considera un héroe y un preso político".
Encontrar un camino para lograr su liberación y regreso a Cuba podría ser una condición previa esencial para recomponer las relaciones de Cuba y Estados Unidos, enfatizó el abogado.
Mientras, apelaciones, mociones, recursos de Habeas Corpus y declaraciones juradas presentadas por la defensa entre 2011 y 2012 siguen sin respuesta por parte de la jueza Joan Lenard, de la Florida.
Una situación a la que se suma el hecho de la negativa reiterada de Washington a otorgarle una visa humanitaria a Adriana Pérez, la esposa de Gerardo Hernández, para que pueda visitarlo en la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra confinado.
*Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.
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