Jorge Gómez Barata
A propósito de las evidencias de que periodistas empleados en medios de prensa norteamericanos recibieron sueldos del gobierno por escribir contra los cinco antiterroristas cubanos, he recordado algunos momentos de la historia de la prensa estadounidense cuyo desempeño ha creado doctrina.
En 1920 un editorial del New York Times, en tono de chanza aludió a las afirmaciones de Robert Goddard, un científico que sostenía que un cohete podría afirmarse en el vacío y atravesar el espacio. Con la fuerza de su nombre y sus millones de ejemplares, el Times ridiculizó al sabio. Casi 50 años después, en 1969, cuando el Apolo 11 se posaba sobre la luna el diario publicó uno nota: “Se ha confirmado que un cohete puede funcionar en el vacío, el Times lamenta su error y pide disculpas al profesor Goddard…”
Originalmente los periódicos norteamericanos no incluían anuncios hasta que surgió la idea de vender espacios a los comerciantes, lo cual provocó cierto debate. El mejor argumento provino de Adolph Ochs, dueño del New York Times quien afirmó: “Las noticias indican las necesidades de la gente mientras la publicidad informa cómo y dónde las resuelven”. Ochs fue el autor del lema del diario: “All The News That's Fit To Print” (“Todas las noticias aptas para ser publicadas”) Según su juicio existe un límite ético a la publicación de noticias.
No puedo decir hasta donde el Times, ganador de casi 100 premios Pulitzer, se atiene a la regla pero los preceptos son validos. No todo es publicable porque la prensa y los periodistas crean matrices de opinión que pueden condicionar y perjudicar a ciudadanos como también a gobernantes, jurados y jueces. Hacerlo con mala fe y por razones mezquinas es despreciable.
No sólo se trata de que hicieran mal los periodistas que firmaron los más de mil artículos publicados durante la celebración del juicio a los cinco héroes cubanos, la mayoría de los cuales estaban destinados a manipular a la opinión pública, prejuzgar sobre las intenciones y la culpabilidad de los acusados y atemorizar a jurados y testigos, lo cual es tan fácil de probar que basta leerlos otra vez.
No se trata de que aquellos periodistas cobraran por un trabajo obviamente sucio sino de que en su calidad de empleados o colaboradores pagados de Radio y Televisión Martí, recibían dinero del gobierno para denigrar a personas acusadas por el propio gobierno. Utilizar para ese fin medios de prensa públicos como son la radio y televisión anticubanas, financiados con dinero del contribuyente mediante presupuestos aprobados por el Congreso, son evidencias que la jueza no puede ignorar, excepto que esté dispuesta a afrontar una acusación por prevaricación, delito que sólo puede cometer un juez al condenar conscientemente a personas inocentes.
A tenor con la VI Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos: “En todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho a un juicio…ante un jurado imparcial…” Obviamente en el caso de los antiterroristas cubanos la imparcialidad de los jurados fue desmentida cuando el gobierno que es el acusador, paga a alguien para denigrar a los acusados e influenciar al jurado.
La pifia del gobierno norteamericano o el exceso de servilismo de sus empleados en Radio y Televisión Martí, es de tal envergadura que únicamente puede ser zanjada con la anulación del juicio. Está por ver la posición de la jueza Joan Lenard quien, en el caso de no reaccionar de modo apropiado ante el Afidávit presentado por Martin Garbus, abogado de Gerardo Hernández, corre el riesgo de convertirse ella misma en acusada. Allá nos vemos.
La Habana, 04 de septiembre de 2012
Fuente: Moncada
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