Jorge Gómez Barata
Las ideas del liberalismo contendidas en las obras de los clásicos (John Milton, Thomas Hobbes, Jean-Jaques Rousseau, John Stuart Mill, Adams Smith), la Declaración de Independencia (1776), los artículos de El Federalista (1787) y la Constitución de los Estados Unidos (1789) que adquirieron intensidad con las revoluciones en Norteamérica y Francia, las campañas napoleónicas y los sucesos de Haití, arraigaron en el Nuevo Mundo iluminando las mentes y promoviendo las ideas de libertad, independencia y democracia política.
En Cuba esos procesos fueron favorecidos por lo tardío de las luchas por la independencia (1868) iniciadas sesenta años después que en el resto de Iberoamérica, cuando el escenario político internacional comenzaba a ser dominado por la presencia de Estados Unidos donde, entre otros procesos políticos, se desarrollaba el debate en torno a la abolición de la esclavitud que condujo a la Guerra Civil (1861-1865).
Ese es el contexto, a la altura de 1810, con la elección de los primeros diputados a las cortes españolas, comenzó en Cuba la andadura parlamentaria y los debates constitucionales, favorecidos por los acontecimientos políticos que se operaban al interior de España y que promovían el autonomismo y la asimilación de las colonias, en particular Cuba y Puerto Rico; proyecto que, con altas y bajas estuvo vigente hasta 1898 y al cual se enfrentó José Martí que sumó el antiimperialismo militante.
El hecho de que la Constitución de Cádiz tuviera una vida efímera y el auge liberal fuera sucedido por la restauración en España, desalentó esos manejos y creó un interregno que en Cuba contribuyó a desalentar las ilusiones autonomistas, reformistas y anexionistas, favoreciendo el florecimiento del independentismo.
La etapa más sustantiva de aquellos procesos comenzó precisamente en 1878 y estuvo caracterizada por cambios políticos al interior de España y por el revés de los independentistas cubanos, que suscribieron el Pacto del Zanjón que aireó el autonomismo con el agregado de que para entonces se introdujeron los partidos políticos, principalmente integristas, liberales, autonomistas y constitucionalistas.
En esa dinámica, en la primera guerra por la independencia (1868-1878), se introdujo en Cuba una innovación política de enorme trascendencia: La República en Armas, que unió elementos que parecían irreconciliables: la lucha armada, el parlamentarismo y la diplomacia; así como la formación de grandes ejércitos y de recios jefes militares con el civilismo y las prácticas democráticas, a sus ojos, antídoto contra el caudillismo y el autoritarismo que en la mayoría de las repúblicas americanas deformó los esfuerzos independentistas.
En la etapa abierta por el Pacto del Zanjón la legislación española asignó a la Isla una cuota de un diputado por cada 50.000 habitantes libres, la regla excluía a esclavos, libertos y pobres. En virtud de arbitrarias normas, en 1877 la población total de Cuba era de 1.400.000 habitantes, de los cuales sólo unos 30 000 tenían derecho al voto. La Isla entonces dividida en cinco demarcaciones electorales elegiría 24 parlamentarios.
Con altas y bajas y períodos vacíos, esos ejercicios se desplegaron a lo largo de 88 años entre 1810 y 1898 con aproximadamente una decena de elecciones para diputados; incluso en 1897 en la isla se adoptaron reformas políticas que separaron la Capitanía General, considerada como una estructura militar y el Gobierno y se auspició la creación de un parlamento local, cambios cosméticos que no llegaron a concretarse debido al éxito de las luchas patrióticas y la intervención militar norteamericana que frustró tanto las aspiraciones independentistas como las ilusiones autonomistas.
He dejado en el tintero el parlamentarismo armado y revolucionario propio de La República en Armas porque merece una atención especial. Allá nos vemos.
La Habana, 05 de febrero de 2013
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