La posibilidad de que el juicio contra los cinco cubanos antiterroristas condenados en Estados Unidos sea declarado inconstitucional es una realidad, si las autoridades legales correspondientes prestan atención a una moción presentada por la defensa de uno de ellos.
El instrumento legal contiene evidencias de que el gobierno norteamericano pagó altas sumas de dinero a periodistas para que crearan un clima hostil en torno al caso y presionaran al jurado mediante diversas maniobras.
Personalidades, grupos de solidaridad y juristas consideran que de actuarse con justicia, deberían ser anuladas las severas sentencias impuestas que incluyen hasta dos cadena perpetuas más 15 años, como la dictada contra Gerardo Hernández.
El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, manifestó en un artículo que no se trató de un hecho aislado sino un empeño sistemático durante todo el tiempo del proceso contra los Cinco -como se conocen en el mundo- y en el cual invirtió muchos millones de dinero público.
Ramón Labañino, René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Fernando González fueron detenidos en 1998 por actividades para prevenir que grupos terroristas radicados en Miami llevaran a cabo acciones violentas contra Cuba.
Tras el juicio realizado en siete meses entre 2000 y 2001, uno de los más prolongados de la historia jurídica estadounidense, fueron condenados sin pruebas de las acusaciones realizadas.
De acuerdo con la moción de descubrimiento (Discovery) presentada por Martin Garbus, abogado de la defensa de Gerardo, hasta el momento se conoce que las prebendas de Washington a los periodistas ascendieron a decenas de millones de dólares en los cinco años trascurridos desde el arresto hasta la condena, aunque las cifras totales todavía no han salido a la luz.
"Nunca antes, ni después, han sido utilizados los fondos del Gobierno para violar la integridad de un juicio y la integridad de una comunidad norteamericana a nombre de la cual habla un jurado", afirmó Garbus, reconocido abogado litigante, en un resumen del contenido del instrumento jurídico.
Por su parte, el ex fiscal general de Estados Unidos Ramsey Clark afirmó que si le hubiese llegado el caso mientras él asumía esa responsabilidad (1967-1969), habría desestimado los cargos contra los Cinco como parte de una responsabilidad ética y legal: "Cualquier Fiscal General debiera hacer lo mismo".
De igual manera, el especialista en leyes norteamericano Raymond Steckle consideró el veredicto como un insulto al sistema judicial de su país.
Según la moción, para asegurar las condenas de los Cinco la actividad mediática durante el juicio incluyó mil 111 artículos en periódicos como Miami Herald y El Nuevo Herald, un promedio superior a cinco por día, además de incontables transmisiones de radio y televisión.
Alarcón llamó la atención en torno a un visible contraste: mientras los medios en Miami dieron atención priorizada al caso y fueron instrumento decisivo para condenarlos, en el resto de Estados Unidos "los castigan con el silencio".
A pesar de las evidencias irrefutables, la coordinadora en Estados Unidos del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco, Alicia Jrapko, alertó que el instrumento se presentó ante la Jueza del Distrito Sur de la Florida Joan Lenard, la misma que los condenó en 2001.
En entrevista reciente con Prensa Latina, Jrapko añadió que la jueza no tiene una fecha límite para pronunciarse al respecto, por lo cual es necesario seguir empujando y presionando para tratar que finalmente se haga justicia.
Por su parte, la coordinadora del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco, Graciela Ramírez, explicó a Prensa Latina su reticencia con respecto al funcionamiento de la justicia en Estados Unidos con respecto a este caso.
"Es como un círculo que da vueltas, gira alrededor de esa injusticia terrible, y cuando vemos un luz, vuelve otro giro: se hace una nueva maniobra para que vaya para atrás y se perpetúe la ilegalidad", manifestó.
De ahí la necesidad de no detener la lucha a nivel político, coincidieron ambas activistas, principalmente ahora que el presidente estadounidense Barack Obama, quien puede liberarlos mediante un indulto presidencial, está en su segundo periodo de mandato y ha disminuido la presión a la cual estaba sometido antes de reelegirse.
"La causa de los cubanos antiterroristas ha sido un caso político desde el primer día, por tanto hay que pelearlo por ese lado", consideró Jrapko.
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