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| La jueza Joan Lenard |
A mi regreso este martes de un viaje a La Habana, como es costumbre, me puse a revisar la prensa que tenía acumulada para ponerme al día. Fue así que encontré un artículo del periodista Jay Weaver aparecido este mismo martes 15 de mayo, tanto en The Miami Herald como en El Nuevo Herald, titulado en este último “Jueza anula condena de cadena perpetua”. Dicho artículo trata sobre uno de los tantos hechos delictivos vinculados al tráfico de drogas, particularmente de cocaína, que hizo ola en Miami en décadas pasadas;pero me permitirá hacer una analogía o comparación que creo importante y reveladora de los desiguales estándares con que puede impartirse la justicia en los Estados Unidos y mucho más en una ciudad como Miami.
En el mencionado artículo Jay Weaver cuenta la historia de Yuby Ramírez, una ciudadana colombiana de 41 años condenada a cadena perpetua en el 2001 por el delito de “conspiración para cometer asesinato”. El objetivo de esta conspiración era eliminar a un testigo del gobierno que iba a declarar contra los narcotraficantes Willie Falcón y Sal Magluta, connotados narcotraficantes de la llamada era de los “cocaine cowboys”, condenados a largas condenas por ese delito. Todo parecía indicar que Yuby Ramírez iba a estar encerrada el resto de sus días, pero una jueza federal admitió que había sido mal asesorada por sus antiguos abogados y, acompañándose de nuevos defensores, logró hacer un trato judicial que le bajó la condena a 10 años; saliendo inmediatamente en libertad, pues al estar presa desde el 2001 el tiempo pasado en prisión le cubría la nueva sentencia. A Yuby Ramírez no solo se le probó el cargo de “conspiración para cometer asesinato”, sino que además ella misma acabó confesando su culpabilidad.
Les decía que esta historia me iba a permitir manejar una comparación, porque precisamente ese cargo de “conspirar para cometer asesinato” que se le imputó a la ciudadana colombiana Yuby Ramírez, y del que acaba de salir en libertad, es el mismo que se le imputa al luchador antiterrorista Gerardo Hernández Nordelo, y por el que se le condenó no a una sino a dos cadenas perpetuas, más quince años. Solo que a Gerardo no se le pudo probar en corte y mucho menos reconoció o confesó haber tenido algo que ver con el intento de actuar contra la vida de alguna persona.
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