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| Coronela y Dra. Idaís Borges Barrios, jefa de la Dirección de Menores del Minint. FOTO: José Gabriel Martínez. |
Por José Gabriel Martínez Rodríguez
Durante muchos años la plataforma mediática anticubana ha acusado al gobierno cubano de no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y de promover, a través de la industria turística y en complicidad con los trabajadores del sector y las fuerzas de la ley, un tráfico interno para la explotación sexual y el trabajo forzado de menores.
De igual forma, exigen que el país reconozca públicamente que presenta problemas con la trata para la explotación infantil, lo que permitiría desarrollar estrategias y programas eficaces para su enfrentamiento y prevención.
Al realizar estas acusaciones el gobierno estadounidense omite, presumiblemente de forma intencionada como casi siempre cuando de referirse a Cuba se trata, elementos de la realidad cubana que contrarrestan por sí mismos y con su mera exposición todas estas acusaciones.
Cuba no puede declarar que presenta problemas con la trata para la explotación infantil porque sencillamente no los tiene, y tampoco esa declaración facilitaría desarrollo alguno de estrategias y programas porque la Revolución ha creado desde su mismo inicio un Sistema Integral de prevención y atención a la niñez y la adolescencia para proteger todos sus derechos.
Muestra de ello lo constituye el Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (CPNNA) de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior (Minint), a cuyas instalaciones accedieron hoy en la mañana medios de la prensa nacional y extranjera, como parte de la conferencia de prensa que la coronela y Dra. en Ciencias Jurídicas Idaís Borges Barrios, jefa de la Dirección de Menores, brindó para explicar las características del centro y del resto de los componentes que integran el sistema de atención a la niñez y la adolescencia.
Borges explicó que existen otros dos centros ubicados en las provincias Villa Clara y Santiago de Cuba y que los tres “permiten reducir la victimización secundaria o revictimización de las niñas y niños que resultan víctimas a través de la realización de una exploración única, consistente en una entrevista al menor que es grabada para ser presentada como prueba en la vista del juicio oral”.
Pero la institución no centra solo su trabajo en el enfrentamiento al delito una vez que este se haya producido, sino que además despliega una fuerte labor preventiva a través de servicios especializados (psicología, psiquiatría, defectología) y de asesoría a las víctimas y sus familias, y de la realización de investigaciones sociales sobre la victimización infantil y otros fenómenos relacionados.
Con la existencia del CPNNA se evitan además experiencias postraumáticas desagradables para el menor como la asistencia al juicio oral y el tener que encarar nuevamente al victimario.
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La Tte. Cnel. y Msc. Niurka Fernández Ronda, jefa del Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, explica el la utilidad de la ludoterapia en la sala de juegos, como paso previo a la exploración del menor víctima. FOTO: José Gabriel Martínez
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Sala de exploración única del Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. FOTO: José Gabriel Martínez
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Pero estos centros no constituyen la única acción del país para brindar ese tratamiento diferenciado que niñas, niños y adolescentes demandan.
La propia Dirección de Menores del Minint, además de proteger a los infantes que resulten víctimas de delitos, tiene entre sus funciones la de prevenir y detectar hechos que la ley tipifica como delitos cometidos por menores y brindar a estas niñas y niños que los cometen la correspondiente evaluación y tratamiento educativo.
En este empeño el Minint trabaja de conjunto con otras entidades integrantes del Sistema Integral de Protección y Atención a la Niñez y la Adolescencia como los ministerios de Salud Pública, Justicia, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Cultura, e instituciones como el Inder, la Fiscalía General de la República, y el Tribunal Supremo Popular.
Un hecho constatado durante el encuentro es el bajo índice en nuestro país de casos de violencia y abuso sexual contra menores y la inexistencia de venta y tráfico, lo cual constituye un resultado directo de la política de tolerancia cero del gobierno y el pueblo ante estos delitos, conscientes de que su ocurrencia, por mínima que sea, “constituye una forma de maltrato infantil y de violencia de género, susceptible de generar daños irreversibles desde el punto de vista físico, psíquico y social a la población infanto-juvenil”, según argumentó la coronela Borges.
Datos facilitados por ella en la conferencia, e incluidos en el Informe del enfrentamiento jurídico penal a la Trata de personas y otras formas de abuso sexual presentado el pasado 15 de octubre por la Ministra de Justicia María Esther Reus, cuentan que durante 2012 en Cuba se realizaron 2 117 denuncias asociadas a estos delitos, lo que representa solo un 0,09 % de los dos millones 260 mil 751 habitantes de menos de 16 años de edad.
Existe la mala costumbre de comparar realidades diferentes para demostrar la insignificancia o el valor de cualquier aspecto que analizamos, pero cuando hablamos de acusaciones contra nuestro país debemos recurrir a la comparación como método de análisis porque siempre se nos juzga y examina con un microscopio cuyo lente se configura para la tergiversación y las manipulaciones banales.
Es así que en Estados Unidos, según datos ofrecidos por el Departamento de Justicia, 100 mil niños al año caen en las redes del tráfico y la explotación sexual, mientras que las autoridades cubanas no identifican la existencia de ninguna red organizada en el país, contrario a las acusaciones que anualmente formula el Departamento de Estado. Nada, que cuando de juzgar a la Revolución se trata, no importan el peso de las estadísticas ni la veracidad de la información oficial, solo hay que lanzar piedras, aun cuando el techo del lanzador sea de vidrio.
Tomado de Cubadebate
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