Salvador Capote
El profesor Martin Garbus, uno de los más prestigiosos juristas estadounidenses, integrante del equipo de defensa de los patriotas cubanos encarcelados en Estados Unidos, y sus colegas Tom Goldstein y Richard Klugh, presentaron recientemente una moción ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, a nombre de Gerardo Hernández Nordelo –uno de los Cinco- , con el fin de obtener la orden pertinente para que el gobierno entregue documentos que obran en su poder y que se negó a divulgar durante el proceso judicial.
La moción forma parte de la apelación colateral iniciada en junio de 2010, basada en el derecho que tienen sus defendidos de conocer el alcance de la campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el gobierno para asegurar que fuesen declarados culpables. Involucrados en la cobertura incendiaria pagada por el gobierno antes, durante y después del juicio contra los Cinco, se encuentran 84 periodistas, locutores y comentaristas de varios órganos de la prensa escrita, siete canales de televisión y 13 estaciones de radio. (1)
En enero de 2009, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, basándose en la Ley de Libertad de Información (“Freedom of Information Act, FOIA”) solicitó al Buró de Gobernadores de Transmisiones (“Broadcasting Board of Governors, BBG”), agencia oficial de propaganda del gobierno, y a su Oficina de Transmisiones a Cuba (“Office of Cuba Broadcasting, OCB”) información sobre los pagos realizados a periodistas de Miami creadores de una atmósfera envenenada que impidió la realización de un juicio justo en esta ciudad. (2)
Varios meses más tarde, la OCB entregó muy limitada información preliminar sobre pagos realizados a algunos de estos periodistas. Desde entonces, la agencia se ha negado a liberar toda la información que posee sobre los contratos suscritos con la prensa de Miami, en particular los anteriores a 1999, de vital importancia para la defensa de Gerardo.
No obstante, el esfuerzo realizado durante varios años por el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, y la Sociedad para la Fundación de la Justicia Civil, logró poner al descubierto una cantidad impresionante de materiales probatorios de esta operación gubernamental. El periódico “Liberation” ha publicado hasta ahora más de 2,200 páginas de contratos entre periodistas de Miami y Radio-TV Martí (3). Aunque estos documentos constituyen sólo una parte minúscula de los que la OCB se niega a liberar, constituyen prueba suficiente de que el gobierno que juzgó a los Cinco pagaba al mismo tiempo a los periodistas que creaban la atmósfera que hacía inevitable la condena.
Recordemos que las leyes estadounidenses prohíben claramente la utilización de fondos federales para financiar la propaganda encubierta dentro del territorio de Estados Unidos. Los pagos secretos, realizados principalmente a través de Radio y TV Martí, a periodistas supuestamente independientes, no sólo son contrarios a la ética de los comunicadores sino que violan flagrantemente la ley y revelan que la condena a los Cinco fue determinada por razones políticas.
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La Isla Desconocida
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