Por Waldo Mendiluza
La Habana, 5 sep (PL) En fecha reciente, la defensa de los cinco antiterroristas cubanos condenados en Estados Unidos presentó recursos que sacan a la luz nuevos elementos sobre las violaciones cometidas por el Gobierno de ese país durante el proceso.
A través de acciones legales como el Discovery y el Affidávit, la opinión pública norteamericana y mundial ha tenido la oportunidad de acercarse a un caso que activistas y grupos de solidaridad consideran rodeado de manipulaciones y barreras de silencio por los grandes medios.
Pruebas ocultas, castigos psicológicos, obstáculos a la defensa y prohibiciones de recibir visitas familiares son algunas de las ilegalidades sufridas por Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, o simplemente Los Cinco, como se conocen a nivel internacional.
A esas violaciones de sus derechos se suma una menos divulgada, el pago por el Gobierno estadounidense de decenas de miles de dólares a periodistas encargados de generar en Miami, sede del juicio, un escenario hostil encaminado a predisponer al jurado y a la comunidad contra los antiterroristas.
El 6 de junio, el abogado norteamericano Martin Garbus y su colega Tom Goldstein presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Florida el procedimiento Discovery, solicitando una audiencia oral y una orden para que Washington entregue documentos no divulgados sobre la contratación de reporteros.
Con el recurso tramitado a nombre de Gerardo, los juristas buscaban revelar el grado preciso de influencia y control de Washington sobre periodistas que publicaron declaraciones falsas, hostiles y perjudiciales acerca del peticionante y sus compañeros, todos detenidos en 1998 por su seguimiento a grupos terroristas radicados en Miami.
Apenas un mes después de elevado el procedimiento, la Fiscalía de la Florida se opuso al mismo.
Por estos días, Garbus entregó a la Corte en la Florida un Affidávit (declaración jurada) con nuevos elementos sobre el pago a periodistas por el Gobierno, conducta calificada en el texto de violatoria de la Constitución e inconsistente con un proceso justo.
De acuerdo con el documento, antes y durante el juicio a Los Cinco, fueron declarados culpables en junio de 2001, la comunidad miamense recibió a través de la prensa escrita, radial y televisiva un arsenal de propaganda pagada por el Gobierno para interferir en el proceso y persuadir al jurado.
Se trata de largas sumas de dinero, día tras día, año tras año, traducidas en más de mil artículos e informaciones difundidas, manipulación que resulta incomprensible y carece de precedentes, precisa el texto.
Para la defensa, los reporteros que publicaron en medios como El Nuevo Herald, The Miami Herald, el Diario las Américas, Radio/TV Martí y WAQI (Radio Mambí), entre otros, actuaron como "agentes secretos pagados".
El Affidávit tramitado recoge que en apenas 194 días el Nuevo Herald divulgó 806 artículos con influencia negativa sobre el juicio, mientras en idéntico lapso The Miami Herald presentó a la opinión pública otros 305.
Ambos periódicos suman en total mil 111 artículos, un promedio de más de cinco por día, advierte.
La declaración también pone al descubierto la selección de los periodistas financiados para generar un ambiente hostil que condujera a la condena de Gerardo y sus compañeros, así como las motivaciones de esas personas para aceptar el dinero.
Conforman la relación de contratados Pablo Alfonso, Humberto Cortina, Julio Estorino, Carlos Alberto Montaner, Olance Nogueras, Enrique Encinosa, Ariel Remos, Luis Aguilar, Wilfredo Cancio, Helen Ferre, Caridad Roque, Enrique Patterson y Alberto Muller.
Varios de los citados en el más reciente paso legal en pos del regreso a su país de los antiterroristas tienen en su trayectoria la participación en acciones violentas y actividades subversivas contra Cuba, en algunos casos a partir de vínculos con la CIA.
El Affidávit busca alcanzar la anulación de la condena de Gerardo o que la jueza, como alternativa, ordene el descubrimiento de las pruebas escondidas por el Gobierno sobre su actitud.
Al respecto, el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, advirtió que Washington conspira para ocultar su postura, incurriendo en un delito adicional, el encubrimiento.
Alarcón denunció además las amenazas del Gobierno norteamericano de recurrir a "privilegios ejecutivos" y a razones de seguridad nacional para perpetuar el ocultamiento, posición de la que no deja dudas con su rechazo a las demandas de la defensa.
Por su parte, la coordinadora del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, Gloria La Riva, consideró muy importante divulgar las manipulaciones del caso y el oscuro papel del Gobierno estadounidense en el mismo.
En declaraciones a Prensa Latina, la activista llamó a exponer ante la opinión pública norteamericana y mundial las irregularidades cometidas por Washington en el proceso.
Lo importante de esta lucha legal es llevar al público, a la prensa y a las calles las revelaciones de esa mala conducta gubernamental, en aras de evitar que la injusticia siga oculta, apuntó.
rc/wmr
Fuente: Prensa Latina
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