Lejos de haber logrado su objetivo, las iniciativas de EEUU para el cambio de régimen en Cuba han resultado bastante contraproducentes, asegura The New York Times en un quinto editorial en menos de 30 días sobre las relaciones bilaterales entre ambos países.
Publicado en la edición digital este domingo -en la impresa el lunes-, el Comité Editorial del diario titula su nueva entrega “En Cuba, desventuras al intentar derrocar un régimen”,
en la que asegura que los llamados fondos para la democracia cubana
“han sido un imán para charlatanes y ladrones”, y concluye que ”es más
productivo lograr un acercamiento diplomático, que insistir en métodos
artificiosos”.
El Times confirma las denuncias que ha hecho la Isla durante años
acerca de la venalidad de los fondos estadounidenses para la subversión y
el estrepitoso fracaso de la política de cambio de régimen. Reitera la
necesidad de un acercamiento diplomático entre ambos países, pero de la mano una manzana envenenada: el llamado Carril II.
A continuación, el texto íntegro:
En 1996, motivados por un apetito de
venganza, legisladores estadounidenses aprobaron un proyecto de ley
promulgando una estrategia para derrocar el Gobierno de La Habana y
“asistir al pueblo cubano a recobrar su libertad”. La Ley Helms-Burton,
aprobada por el Presidente Clinton, semanas después de que Cuba derribó
dos avionetas civiles estadounidenses, ha servido como fundamento para
que el Gobierno norteamericano gastara $264 millones de dólares, durante los últimos 18 años, en un intento por instigar reformas democráticas en la isla.
Lejos de haber logrado su objetivo, las iniciativas han resultado bastante contraproducentes. Los fondos han sido un imán para charlatanes, ladrones y buenas pero infructuosas intenciones. Los
sigilosos programas han agravado la hostilidad entre las dos naciones,
le han dado a Cuba una bonanza propagandística y han bloqueado
oportunidades de cooperar en áreas de interés mutuo.
Estados Unidos debe hacer un esfuerzo
por promover mayores libertades personales en la isla poblada por 11
millones de habitantes y flexibilizar la rigidez de uno de los gobiernos
más opresivos del mundo. Pero tiene que hacerlo mediante una estrategia
nueva, producto de la lección de dos décadas de esfuerzos fallidos por
desestabilizar el régimen de los Castro.
Durante los últimos años de la
administración Clinton, Estados Unidos gastó relativamente poco en
programas para promover reformas democráticas en Cuba bajo Helms Burton.
Eso cambió cuando George W. Bush llegó al poder en 2001, con el
ambicioso objetivo de liberar pueblos reprimidos en todo el mundo. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID,
por su sigla en inglés, mejor conocida por su labor humanitaria que por
misiones furtivas, se convirtió en el principal vehículo para
implementar proyectos de reforma democrática en Cuba, donde es ilegal.
La inversión en iniciativas para
derribar el gobierno aumentó de unos cuantos millones anualmente, a más
de $20 millones de dólares en 2004 durante los primeros años de la
administración Bush. La mayoría de contratos se otorgaron sin mayores controles a grupos de cubanoamericanos.
Uno invirtió el dinero en una estrategia de lobby internacional, de
cuestionable legalidad, para persuadir a gobiernos extranjeros a que
apoyaran el impopular embargo que Estados Unidos impone sobre la isla.
Otro envió montones de revistas de historietas cómicas a la misión
diplomática estadounidense en Cuba, desconcertando a sus funcionarios.
El dinero también se utilizó para comprar ropa y comida, pero nunca fue
posible verificar cuánto llegó a manos de los familiares de presos
políticos, como se tenía previsto.
Según un informe publicado en noviembre de 2006 por la Oficina de Rendición de Cuentas, GAO,
por su sigla en inglés, un contratista usó los fondos de programas pro
democracia para comprar una motosierra de gas, equipos electrónicos,
entre ellos Nintendo Game Boys y Sony Play Stations, una bicicleta
montañera, abrigos de cuero, carne de cangrejo, y chocolates Godiva. Al
momento de hacer una auditoría, los gastos no fueron justificados.
Adolfo A. Franco, el entonces
director de la oficina de América Latina de la agencia de ayuda
internacional, defendió los programas durante un discurso en la
Universidad de Miami, en abril de 2007, afirmando que estaban
contribuyendo al gradual fortalecimiento de la oposición política en
Cuba. Argumentó que la agencia debía seguir asumiendo “riesgos
calculados”, aunque en el Congreso, varios legisladores dudaban de que
los esfuerzos estuvieran dando fruto. “Terminar este régimen es una
obligación solemne”, declaró Franco, quien es de origen cubanoamericano.
La investigación de la GAO llevó a
que la agencia otorgara un mayor porcentaje de los fondos a
organizaciones de desarrollo establecidas, incluidas algunas que
propusieron iniciativas ambiciosas. En 2008, el Congreso autorizó $45 millones de dólares para los proyectos, una cifra récord.
Un gran proyecto que comenzó
durante la administración Bush para expandir el acceso a Internet en
Cuba tuvo repercusiones nefastas para el Gobierno de Obama. Una
funcionaria de relativo alto rango del Departamento de Estado visitó La
Habana en septiembre de 2009, procurando restablecer el servicio postal
y cooperar en asuntos migratorios. La visita representó el contacto a
más alto nivel con el Gobierno cubano en varios años.
En diciembre, las autoridades
en Cuba detuvieron a un subcontratista estadounidense que viajó a la
isla cinco veces como parte de una iniciativa de USAID, fingiendo ser
turista, para contrabandear equipo de comunicación que no es permitido
en la isla.
En ese entonces, varios funcionarios
de USAID y el Departamento de Estado no estaban al tanto de la
envergadura y naturaleza de algunos de los proyectos encubiertos. Sin
embargo, los cubanos, furiosos tras percibir que Washington tenía una
política engañosa de dos fases, asumieron una posición rígida frente al
prisionero estadounidense, Alan Gross, quien ha sido condenado a 15 años de prisión.
Funcionarios de USAID y el
Departamento de Estado quedaron asombrados al caer en cuenta del tipo de
riesgos que se estaban tomando, y algunos argumentaron que era hora de
suspender los programas encubiertos, llamándolos contraproducentes. Sin
embargo, legisladores cubanoamericanos se resistieron enérgicamente para
asegurarse de que siguieran en marcha.
Después del arresto de Gross, la
agencia de asistencia no volvió a enviar contratistas estadounidenses a
Cuba, pero permitió que las misiones las desempeñaran latinoamericanos,
que algunas veces fueron detectados por el servicio de inteligencia
cubano.
Una investigación de Associated Press
reveló un controvertido programa que se llevó a cabo durante el mandato
de Obama. De 2009 a 2012, Creative Associates International, una firma
con sede en Washington, desarrolló un sistema de mensajes de texto
rudimentario, similar a Twitter, conocido como ZunZuneo.
El objetivo del proyecto era proveer una plataforma para que los
cubanos pudieran difundir mensajes a una audiencia masiva, un mecanismo
que finalmente pudiera haber sido usado para organizar multitudes.
El programa fue abolido en 2012. El
contratista estaba pagando miles de dólares a la empresa estatal de
telecomunicación, y no hubo manera de convertirlo en un proyecto
autosuficiente. AP reveló en agosto que USAID estaba enviando a jóvenes
latinoamericanos a identificar personas que pudieran ser “agentes de
cambio social”, bajo el pretexto de organizar eventos, entre ellos un
seminario sobre el virus VIH. Los contratistas, bajo el mando de
Creative Associates International, recibieron un poco de entrenamiento
para evadir a agentes de inteligencia, y recibieron $5.41 dólares por
hora, por una labor que, fácilmente, hubiera podido llevar a que
terminaran en la cárcel.
El dinero estadounidense ha proveído
comida y alivio a familiares de presos políticos, y ha generado una red
limitada de Internet satelital. Pero ha estigmatizado, más que
fortalecido, a la comunidad de disidentes.
En lugar de proyectos encubiertos
para derrocar el gobierno, los líderes estadounidenses deben encontrar
mecanismos para empoderar al cubano común y corriente, expandiendo
oportunidades de estudios en el exterior, organizando más enlaces
profesionales, e invirtiendo en las nuevas microempresas en la isla. Es
positivo que sigan promoviendo mayor conectividad a Internet, pero deben
entender que lograr ese objetivo de manera sustancial exige
coordinación con el Gobierno cubano. Más importante aún, Washington
tiene que reconocer que a lo único que puede aspirar, es a influir de
manera positiva en la evolución de Cuba hacia una sociedad más abierta.
Para eso, es más productivo lograr un acercamiento diplomático, que insistir en métodos artificiosos.
Tomado de CubaDebate
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