Ciudad México, 11 nov (RHC) Las protestas
continuaron en México por la desaparición de 43 normalistas del estado
de Guerrero, en cuya capital, Chilpancingo, marcharon estudiantes
universitarios en reclamo de justicia.
Cientos de miembros de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad
Autónoma de Guerrero desfilaron por el centro de la ciudad y exigieron
la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, ultimados e
incinerados por miembros del crimen organizado en contubernio con
policías municipales, según confesiones de participantes en el crimen,
en manos de la Procuraduría General.
En tanto, la sede en Chilpancingo del Partido Revolucionario
Institucional fue quemada por miembros de un sindicato de profesores y
empleados de la educación pública, quienes se enfrentaron con piedras y
palos a fuerzas antimotines.
A su vez, en la capital mexicana, alumnos de la Universidad La Salle
se sumaron a las protestas por el crimen de Iguala durante el foro La
implementación de la Reforma Constitucional en derechos humanos.
Desde el estado de Oaxaca, además, se reportó que jóvenes normalistas
tomaron un peaje y bloquearon el tránsito en una autopista del
territorio, mientras que en Morelia, capital de Michoacán, atacaron
sedes de partidos políticos y edificios de instituciones públicas.
La revista Siempre divulga que el caso Iguala subraya la urgencia de
un pacto nacional en México contra la violencia, advirtió la periodista y
dirigente política Beatriz Pagés.
Pagés, directora de Siempre y secretaria de Cultura del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el
gobierno, dijo que el crimen de Iguala debe convocar a todos los
actores sociales del país.
Recordó que el sector empresarial hizo un llamado a crear un pacto
para combatir el binomio corrupción-inseguridad, que están entre los
móviles de los sucesos de Iguala.
En esa localidad del estado de Guerrero, el 26 de septiembre pasado
policías municipales asesinaron a seis personas, hirieron a otras 25 y
secuestraron a 43 normalistas de la escuela de Ayotzinapa, a la postre
ejecutados e incinerados por sicarios del crimen organizado.
La dirigente del PRI suscribió que el presidente Enrique Peña Nieto y
las principales fuerzas políticas del país han secundado la necesidad
de un acuerdo nacional contra la violencia que azota a la nación.
Instó a los niveles de gobierno, los partidos políticos, los grupos
económicos y medios de comunicación a llegar a compromisos sobre tan
sensible asunto.
Quiero imaginarme un pacto donde cada partido político, cada
secretario de Estado, cada gobernador, alcalde, procurador, ministro de
la corte, juez, policía, empresario, periodista y maestro de escuela
diga a qué se compromete, él en lo personal, para combatir la ilegalidad
y la violencia, enfatizó.
Apuntó que "después de Ayotzinapa nada será igual en México,
especialmente la tolerancia de la sociedad hacia la impunidad. A partir
de hoy el ciudadano estará más vigilante y será más exigente respecto al
comportamiento de sus gobernantes".
Desaparecer por la vía forzada a 43 jóvenes, más que un homicidio, es
un crimen de lesa humanidad y como tal tendrá que ser sancionado,
exigió la comunicadora.
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