La Habana, 17 mar (AIN) La actual dinámica migratoria en América Latina y
 el Caribe forma parte de la cultura e identidad de la región, por ello 
la necesidad de políticas que involucren a todos los países del área, 
alertaron hoy, en esta capital, representantes de la sociedad civil 
cubana.
De cara a la VII Cumbre de las Américas a efectuarse en 
Panamá los días 10 y 11 de abril, diferentes actores sociales 
coincidieron en que el tema de la migración resulta altamente complejo, 
no solo para Cuba, sino para todo el continente, donde se encuentran 
varios de los países más pobres del mundo y el principal receptor de 
emigrantes: los Estados Unidos.
Ileana Sorolla, profesora de la 
Universidad de La Habana, subrayó que debido a esta problemática han 
proliferado los cordones militares de seguridad en las fronteras, así 
como también medidas que arremeten contra los derechos humanos, tal cual
 es el caso de la Ley de Ajuste Cubano del gobierno de los EE.UU., que 
incita a la migración ilegal. 
Denunció además, al robo de 
cerebros, mediante el Programa de Profesionales Cubanos de la Medicina 
Bajo Palabra, creado por el gobierno estadounidense en agosto de 2006, 
que persigue la deserción de profesionales médicos que integran las 
brigadas de solidaridad en el mundo, con el fin de trabajar en EE.UU.
Entre las primeras 20 naciones emisoras de fuerza de trabajo calificada
 en el mundo, 18 son caribeñas; entonces, ¿cómo es posible lograr 
condiciones de desarrollo y paliar los factores para el desarrollo 
socioeconómico con un 80 u 89 por ciento de la población en la 
migración?, señaló Sorolla.
Al respecto, Kirenia Criado, del 
Centro Memorial Martin Luther King, dijo que aunque la migración juvenil
 es un fenómeno mundial, en la Mayor de las Antillas se ve estimulada 
por la Ley de Ajuste Cubano, que beneficia a quienes lo hacen 
ilegalmente hacia Estados Unidos, por lo cual sugirieron su análisis en 
el Foro de la sociedad civil, que sesionará en paralelo a la VII Cumbre 
de las Américas en Panamá.
Fortalecer el principio de no 
discriminación por origen nacional en el diseño e implementación de 
políticas migratorias; promover la cooperación entre la sociedad civil y
 el Estado para evaluar el impacto de estas medidas, y desarrollar 
programas de formación y capacitación sobre el tema, fueron algunas de 
las propuestas presentadas por el grupo de trabajo de Migración y 
Seguridad.
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