Brasilia, 7 mar (PL) El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki concluyó que no hay acusación alguna ni evidencia para implicar a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el escándalo de corrupción en Petrobras.
Asesores de Zavascki señalaron que esa fue la decisión del magistrado,
pues el nombre de Rousseff no aparece en la lista entregada por la
Procuraduría, lo cual confirma la inexistencia de motivos para
pesquisarla.
"No hay nada que archivar de la presidenta Dilma
Rousseff", recalcó el miembro de la STF, según sus asesores, al citar
que la Constitución Federal señala que un jefe de Estado no puede ser
responsabilizado por extraños actos registrados en el ejercicio de sus
funciones.
Este pronunciamiento ocurre después de que medios de
prensa nacionales, de tendencia conservadora, intentaran vincular a la
mandataria con el esquema de corrupción en Petrobras, que envuelve a
exdirectivos de esa petrolera, ejecutivos de empresas y políticos.
El ente judicial autorizó anoche a la Fiscalía general investigar a 47
políticos, entre ellos 22 diputados y 12 senadores, por presunta
implicación en un esquema de desvío de dinero y contratos inflados con
la petrolera estatal.
Zavascki suspendió el fuero de corte a los
parlamentarios acusados, lo cual permitirá acceder a las cuentas
bancarias, telefónicas y patrimonio de las figuras presuntamente
implicados en este ilícito.
De los legisladores, 32 integran el
Partido Progresista (PP), siete la agrupación del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), seis de la organización de los Trabajadores (PT), uno
la Social Democracia (PSDB) y otro la fuerza Laborista (PTB).
Entre los implicados aparecen los líderes del Senado, Renan Calheiros, y
de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, así como
también a 11 exlegisladores y la exgobernadora Roseana Sarney, hija del
expresidente José Sarney.
El magistrado aceptó también que se
indagará al tesorero del PT, Joao Vaccari, y a Fernando Soares,
vinculado al PMDB y considerado como operador de la red de desvío de
fondos de Petrobras.
Las indagaciones de la justicia, iniciadas
en marzo último, revelan que 16 empresas constructoras y de ingeniería
integraron un cartel para lograr contratos inflados con la petrolera y
después repartirse los fondos obtenidos de manera irregular.
Se
estima que los políticos recibieron propinas de los fraudes cometidos en
Petrobras por influenciar o apoyar en la concesión de obras en estados
brasileños.
mem/lgo
Nenhum comentário:
Postar um comentário