Brasilia,
21 feb (RHC) El gobierno brasileño expresó su respaldo al sostenimiento
de la democracia en Venezuela e instó a los actores implicados a
trabajar por la paz en esa nación.
Tras mostrar preocupación por la situación en ese país suramericano,
Brasil reitera su compromiso de contribuir a la retomada del dialogo
político, amplio y constructivo en el territorio venezolano, señala la
nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En este sentido, saluda el anuncio del secretario general de la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, sobre la
preparación de una visita a Caracas de una Comisión de cancilleres de
este bloque, integrada por los titulares de Colombia, Ecuador y Brasil.
Según Samper, el viaje se enmarca en los esfuerzos que realiza la
Secretaría bajo su cargo para buscar vías que preserven la continuidad
democrática del hermano país, respetando, por supuesto, su soberanía y
la Mientras la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ofreció su pleno
respaldo a las medidas adoptadas por el presidente Nicolás Maduro
dirigidas a neutralizar los intentos golpistas y acciones
desestabilizadores en el país.
El Parlamento apoya las acciones impulsadas por el mandatario en
defensa de la paz, la soberanía, la preservación del orden interno y la
institucionalidad del sistema democrático, señaló en un comunicado.
Además, condenó la postura de funcionarios del Gobierno de Estados
Unidos, quienes de manera recurrente tratan "de torcer la verdad y
generar condiciones para que reine en nuestra patria la anarquía y la
impunidad".
Washington defiende por distintas vías a los enemigos de la
democracia y el pueblo, como los que pretendían utilizar a efectivos de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el fin de subvertir el
orden interno por medio de un golpe militar, denunció el órgano
legislativo.
La AN también reconoció la fuerza moral de los efectivos de la FANB,
los órganos del poder público nacional y las instituciones republicanas.
Apenas unas horas después de su arresto, BBC Mundo se aventuró en
estimar que el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, es hoy
una de las figuras más importantes de la oposición venezolana.
El medio de comunicación desconoció así el prontuario violento del
burgomaestre y militante de la opositora Alianza Bravo Pueblo, a quien
el Ministerio Público le imputa delitos de conspiración y por organizar
acciones desestabilizadoras contra el gobierno constitucional de Nicolás
Maduro.
La ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Faría, fue de
las primeras autoridades en recordar en su cuenta en la red social
Twitter que Ledezma participó en la masacre del Caracazo en 1989.
Hace 26 años, los días 27 y 28 de enero, la rebelión popular contra
medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional decretadas por el
gobierno de Carlos Andrés Pérez era sofocada de forma criminal.
Ledezma estuvo relacionado con aquellos hechos sangrientos, en los
cuales, según cifras oficiales, fueron asesinadas por la fuerza pública
unas 300 personas, precisó.
También en 1992, señala Faría, el entonces gobernador del Distrito
Federal, participó en otra masacre, esta vez en un internado judicial de
Catia, Caracas, cuando efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía
Metropolitana cegaron la vida de 63 reclusos.
Según testimonios de la época Ledezma ordenó abrir las puertas de la
cárcel y estimular una fuga colectiva, para luego mandar a las fuerzas
del orden público a abrir fuego.
En ese mismo año el exmilitante de Acción Democrática ordenó golpear y
encarcelar a un grupo de adultos mayores por exigir pago de pensiones
frente al Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo).
De esa etapa se recuerda, además, la orden dada por Ledezma para la
captura y enjuiciamiento de una decena de estudiantes apresados en una
manifestación en la Universidad Central de Venezuela.
Durante su gestión asesinaron a universitarios como Belinda Alvárez,
presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social; y a la
periodista Verónica Tessari, reportera de un canal de televisión
internacional, rememoran analistas.
También usó recursos legales, como la Ley de Vagos y Maleantes, que
castigaba con cárcel y destierro en una colonia penitenciaria, El
Dorado, ubicada en el sur de Venezuela.
Asimismo, en su corto lapso de gobierno se caracterizó por
deportaciones masivas de ciudadanos colombianos y haitianos, quienes
eran apresados en las calles y expulsados del país en horas.
En abril de 2002 Ledezma también respaldó el golpe de Estado contra
el presidente Hugo Chávez, pero no calculó la respuesta popular que
rescató al líder de la Revolución boliviana, señalan autoridades
venezolanas.
Doce años después, el alcalde opositor volvió a optar por la vía
violenta y según evidencias mostradas en Venezuela, fue de los
impulsores del plan La Salida, con manifestaciones violentas que a
inicios de 2014 tuvo como saldo 43 muertos y más de 800 heridos.
El alcalde metropolitano es acusado, además, en Caracas por sus
vínculos con los terroristas Lorent Gómez Saleh, Gabriel Valles, Ronny
Navarro, Gerardo Carrero y Renzo Prieto, imputados por planes
conspirativos.
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