La Habana, 16 jul (PL) Elementos conservadores en el Congreso
norteamericano insisten en revertir el nuevo curso de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos, a pocos días del restablecimiento de los
nexos diplomáticos y la apertura de las respectivas embajadas.
A pesar de que no constituye una prioridad en la agenda legislativa, el
tema está latente en el Capitolio -a punto de iniciar su receso de
verano- donde coexisten alrededor de una decena de proyectos con
diversos enfoques sobre aspectos claves de los vínculos entre La Habana y
Washington.
Los principales líderes republicanos aseguran que
lucharán para obstaculizar el proceso de deshielo iniciado el 17 de
diciembre de 2014, cuando el presidente cubano, Raúl Castro, y su
homólogo, Barack Obama, anunciaron su meta de avanzar hacia una nueva
era entre las dos naciones.
En este contexto, el líder de la
mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, señaló esta semana a
la cadena Fox News que la Administración tendrá serios obstáculos para
lograr que el Congreso levante las sanciones unilaterales contra Cuba.
McConnell dijo además que es improbable que sus correligionarios
confirmen a cualquier personalidad que Obama nomine como embajador en La
Habana, y -en sentido contrario a lo que dicen muchos de sus colegas de
uno y otro bando- estima que "existe una oposición sustancial en el
Capitolio a la política del mandatario hacia la isla".
Una
postura similar sostiene el presidente de la Cámara de Representantes,
John Boehner, quien en reiteradas ocasiones en los últimos meses expresó
su rechazo a las nuevas proyecciones de Obama respecto a la mayor de
las Antillas.
Pero a juzgar por lo que dicen sus propios
protagonistas, las intenciones del liderazgo del partido rojo no son tan
fáciles de llevar a la práctica.
Al menos así piensa el senador
republicano Lindsey Graham, quien reconoció recientemente que le parece
políticamente imposible obtener los votos necesarios para bloquear en
la Cámara alta los fondos para abrir una embajada estadounidense en
Cuba.
El también precandidato a las presidenciales de 2016
-contrario a los vínculos con la isla- señaló que no está seguro que la
mayoría de los legisladores de su agrupación partidista estén a favor de
esta medida.
Sin embargo, Graham señaló que continuará sus
esfuerzos contra la política de la Casa Blanca en este tema, en lo que
resta del proceso de debate en otras instancias senatoriales.
A
pesar de la fuerte oposición de este político conservador y otros
prominentes republicanos, muchos dentro de dicho partido apoyan el nuevo
curso dado por Obama a los nexos con la mayor de las Antillas.
Entre ellos están los senadores Jeff Flake y Mike Enzi, quienes
presentaron un proyecto de ley a mediados de mayo, con el fin de
estimular los negocios de las compañías estadounidenses de
comunicaciones en la isla caribeña, que se suman a otras propuestas
similares.
Prominentes figuras estadounidenses -demócratas y
republicanas- que visitaron Cuba en los últimos meses, aseguran que
existe consenso bipartidista en el Legislativo para eliminar las
sanciones unilaterales contra Cuba.
Además, el propio vocero de
la Casa Blanca, Josh Earnest, afirmó hace apenas unos días que hay un
fuerte apoyo en el Capitolio para lograr el objetivo de Obama de
levantar el bloqueo.
Un alto funcionario del Departamento de
Estado, que prefirió mantener el anonimato, señaló al diario The Hill
que sería contraproducente una decisión de los miembros del Congreso
contraria a la nueva política del gobernante estadounidense hacia la
mayor de las Antillas.
El 20 de julio se restablecerán las
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y tendrá lugar la
ceremonia de apertura de la embajada cubana en Washington, lo que según
la cancillería de la isla marca la conclusión de una primera fase en el
reacercamiento bilateral.
Las autoridades cubanas reiteran que
en el proceso hacia la normalización de los vínculos el principal
escollo es el bloqueo económico, comercial y financiero.
La
Habana también reclama discutir la devolución del territorio ilegalmente
ocupado por la base naval norteamericana en Guantánamo, en el este de
la isla, el cese de las transmisiones ilegales de radio y televisión,
así como el desmontaje de las acciones subversivas contra Cuba.
La parte norteamericana demanda discutir, entre otros puntos, la
eventual indemnización por las nacionalizaciones de compañías de ese
país tras el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959.
El Gobierno isleño señaló su disposición a analizar este y cualquier otro asunto pendiente.
Sin embargo, a la vez demanda la reparación a los daños y perjuicios
ocasionados por las sanciones unilaterales de Washington y por una larga
lista de acciones agresivas de sucesivas administraciones contra los
cubanos que ocasionaron pérdidas millonarias y la muerte de varios miles
de personas.
lma/car/rgh.
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