Por Leovani Garcia Olivarez
Brasilia, 6 dic (PL) La cruzada contra la corrupción en Petrobras
abre las posibilidades de un cambio en Brasil, donde estos ilícitos
fueron por años engavetados y silenciados en anteriores gobiernos.
A pesar de las críticas de la oposición contra el Gobierno, por la
desarticulación de un esquema de desvío de dinero y contratos inflados
en la empresa petrolera nacional, la presidenta Dilma Rousseff defendió
esta arremetida contra estos delitos.
Puntualizó que este caso "cambiará a Brasil para siempre" y supondrá el fin de la "impunidad" en este gigante sudamericano.
Se trata de un combate sin cuartel, en el cual están involucrados
políticos de diversas tendencias, altos ejecutivos de empresas privadas y
exempleados públicos.
El escenario se muestra complejo, pues
por un lado la oposición, liderada por la Social Democracia (PSDB) y con
el sutil sostén de la prensa conservadora, intenta presentar a Rousseff
y su Partido de los Trabajadores (PT) como responsables de estos actos,
que -según las investigaciones- ocurren desde hace más de 15 años.
Sin embargo, para la mandataria se trata de un mal de muchos años que
estuvo insertado en otras administraciones, pero era silenciado o
engavetado.
Aunque este "no es primer escándalo de la historia
de Brasil, sí es el primero de nuestra historia que es investigado y que
irá hasta el fondo, aseveró recientemente al alertar que si la
corrupción no fuera anteriormente encubierta, no se hubiera registrado
en este escándalo en la compañía estatal.
A su juicio, la
autonomía otorgada en su gobierno a los organismos de control y
pesquisas propició que saliera a luz pública en marzo último este caso,
tras la detección del exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa,
quien, a cambio de beneficios penales, delató el sistema propinas y
contratos inflados de la empresa con constructoras privadas.
Un
total de 25 personas fueron arrestadas, entre ellas el exdirector de
Servicios e Ingeniería de Petrobras Renato Duque y nueve altos
directivos de las constructoras Camargo Correa, OAS, Odebrecht, UTC,
Queiroz Galvao, Engevix, Mendes Junior, Galvao Ingeniería e IESA.
Las detenciones forman en una nueva fase de la operación "Lava Jato",
que investiga el esquema de lavado y desvíos de dinero en la petrolera
estatal.
Esas empresas sellaron contratos con la petrolera por
valor de 26 mil 600 millones de dólares y habrían firmado convenios
fraudulentos con Petrobras de 2003 a 2014.
Empero, la justicia
señala que las revelaciones de empresarios detenidos por este esquema
corroboran que el desvío de recursos en esa compañía estatal acontece
desde 1999.
Para la Procuraduría, el modo operante en esta red
de sobornos se asemeja a otros casos de corrupción indagados en el
pasado por la Policía Federal y sin condenas por los organismos de
justicia
La propia sospecha de la existencia de un cartel entre
las compañías para disputarse contratos fraudulentos con la petrolera
nacional no constituye un hecho fortuito, alertaron los fiscales
regionales Carlos Fernando dos Santos Lima, Diego Castor de Mattos y
Roberson Henrique Pozzobon.
"Operaciones anteriores de la
Policía Federal, como Castillo de Arena, Caja Prieta, Acuarela y Faktor
levantaron la sospecha de la existencia de una colusión entre las
grandes entidades para fraudar licitaciones públicas", señalaron las
fuentes.
Las compañías constructoras son las mismas que ahora
enfrentan a la justicia por el pago de propinas para ganar contratos,
entre estas figuran OAS, Camargo Correa y Queiroz Galvao.
Este
conjunto de hechos revela que la corrupción de los funcionarios públicos
por lo general se lleva a cabo por estas empresas para alcanzar
multimillonarios negocios con el gobierno federal, indicaron los
fiscales.
acl/lgo
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